Durante mucho tiempo la inteligencia artificial fue un asunto limitado a laboratorios y foros especializados, pero en los últimos dos años se ha colado en la vida de todo el mundo, lo que también incluye la agenda de gobiernos y ministros. Ya no hablamos solo de tecnología, sino también de política, de decisiones públicas que pueden cambiar la forma en que los ciudadanos se relacionan con lo digital. La última muestra de ello llega desde el Reino Unido, donde el ejecutivo de Keir Starmer, de la mano de su Secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Tecnología, Peter Kyle ha planteado una iniciativa inédita: poner ChatGPT Plus al alcance de toda la población de manera gratuita.
El anuncio lo ha realizado el propio ministro británico de Ciencia, Innovación y Tecnología, quien confirmó que mantiene conversaciones con Sam Altman, CEO de OpenAI, para que esta suscripción premium se convierta en un servicio accesible sin coste para los británicos. Aunque por ahora no se conocen los detalles concretos del acuerdo, la sola posibilidad de que un país entero pueda utilizar la versión avanzada del chatbot más popular del mundo marca un precedente que ningún otro gobierno había contemplado hasta la fecha.
Para entender la magnitud de la propuesta conviene recordar qué supone ChatGPT Plus. En condiciones normales, la suscripción cuesta 20 dólares al mes y da acceso a un modelo más avanzado, con mayor rapidez de respuesta, prioridad en momentos de alta demanda y funciones exclusivas. Multiplicado por millones de usuarios potenciales, el valor económico de abrir gratuitamente este servicio en todo un país resulta incalculable, y plantea preguntas inevitables sobre el coste real que asumiría el Estado o las posibles concesiones de OpenAI.
Desde el gobierno británico se subraya el lado positivo de la medida. Se presenta como un impulso para la productividad, al permitir que trabajadores y empresas utilicen una herramienta avanzada sin barreras económicas; como un recurso para la educación, facilitando que estudiantes accedan a un asistente potente en sus tareas de aprendizaje; y como una vía para fomentar la innovación, democratizando el acceso a un recurso tecnológico de primer nivel. En el discurso político, se trata de un bien público digital comparable, salvando las distancias, a otros servicios básicos.
Sin embargo, el planteamiento está rodeado de incógnitas. La primera es obvia: ¿quién paga la factura? Si se mantiene el precio actual de ChatGPT Plus, hablamos de un gasto público potencialmente enorme. Otra incógnita son las condiciones del acuerdo: ¿cederá OpenAI un acceso subvencionado por motivos estratégicos, o se trata de un contrato que podría comprometer recursos estatales durante años? Y, más allá de lo económico, queda por ver cómo se articularía el acceso, qué controles existirían y cómo se protegerían los datos de millones de usuarios que estarían confiando su actividad diaria a un sistema privado.
El movimiento debe entenderse también dentro de un contexto internacional. Reino Unido quiere reforzar su papel como referente en la regulación y desarrollo de la IA, algo que ya buscó con el AI Safety Summit celebrado en 2023, donde intentó erigirse en mediador entre empresas tecnológicas y gobiernos. La posibilidad de convertirse en el primer país que garantiza acceso universal a un modelo premium de IA encaja con esa estrategia de liderazgo, al menos en términos de imagen global.
Pero la decisión no está exenta de riesgos. Centralizar el acceso a la inteligencia artificial en un único proveedor puede derivar en dependencia tecnológica, especialmente si hablamos de una empresa estadounidense con intereses propios. Además, se abren debates sobre la privacidad de los datos de los ciudadanos y sobre si es recomendable convertir a una herramienta privada en un estándar de facto dentro de las instituciones públicas y la vida diaria. Los beneficios potenciales son claros, pero las críticas apuntan a que esta apuesta puede hipotecar la autonomía tecnológica del país.
En última instancia, la propuesta británica nos lleva a una reflexión más amplia: ¿estamos ante el nacimiento de la IA como un servicio público esencial, al nivel de la educación o la sanidad, o ante un riesgo de dependencia masiva de tecnologías privadas? La respuesta dependerá de cómo se concreten los acuerdos, de qué salvaguardas se establezcan y de si se abren alternativas abiertas y diversas. Lo que parece claro es que, con anuncios como este, la inteligencia artificial ha dejado de ser un simple experimento para convertirse en un asunto de Estado.
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