En los últimos años, las grandes plataformas digitales, y Meta es ejemplo claro de ello, han defendido con insistencia que sus servicios son simples intermediarios tecnológicos, no responsables directos de lo que ocurre dentro de ellos. Ese argumento ha sido clave en numerosos debates regulatorios y judiciales sobre la responsabilidad de las redes sociales. Sin embargo, cuando los conflictos legales afectan directamente a sus propios intereses, esa supuesta neutralidad empieza a mostrar grietas bastante evidentes.
Meta ha decidido retirar de Facebook e Instagram los anuncios publicados por despachos de abogados que buscan demandantes en los procesos judiciales relacionados con la adicción a las redes sociales. La medida, adoptada en plena oleada de litigios contra las grandes plataformas, deja una imagen difícil de ignorar: la compañía que durante años ha defendido la neutralidad de sus servicios ahora interviene directamente cuando la publicidad amenaza sus propios intereses.
La explicación oficial tampoco ayuda demasiado a disipar esa impresión. Según Andy Stone, portavoz de la empresa, Meta no permitirá que “abogados litigantes se beneficien de nuestras plataformas mientras afirman que son perjudiciales”. La frase resume bastante bien el razonamiento de la compañía, aunque también pone de manifiesto una contradicción evidente: Meta considera legítimo decidir qué publicidad puede circular en sus redes cuando esa publicidad está directamente relacionada con las demandas que enfrenta.
La decisión llega además en un momento particularmente incómodo para la compañía. En las últimas semanas, varios jurados han considerado a Meta responsable de los daños asociados al uso de sus plataformas por parte de menores, incluyendo casos relacionados con depresión y pensamientos suicidas. Aunque las empresas tecnológicas han rechazado de forma reiterada las acusaciones de haber diseñado deliberadamente productos adictivos, lo cierto es que la presión judicial sobre el sector no deja de aumentar.

Ese aumento se refleja también en la magnitud de los litigios. Solo en los tribunales de California se acumulan miles de demandas relacionadas con el impacto de las redes sociales en menores y adolescentes. A ellas se suman otras tantas en tribunales federales, impulsadas no solo por particulares, sino también por distritos escolares, municipios y administraciones públicas que sostienen que las plataformas han contribuido a una crisis de salud mental entre los jóvenes.
En este contexto, la publicidad para captar posibles demandantes se ha convertido en una herramienta habitual dentro de los llamados litigios masivos. Los despachos especializados utilizan anuncios en televisión, radio o internet para localizar a personas que puedan haber sufrido daños similares y que estén dispuestas a unirse a procesos judiciales colectivos. No se trata de una práctica nueva ni especialmente controvertida dentro del sistema legal estadounidense, donde estos modelos de litigio dependen precisamente de reunir un número elevado de afectados.
Lo que sí resulta más llamativo es el contraste con la actitud que Meta ha mantenido durante años hacia otros tipos de publicidad mucho más problemáticos. Las plataformas del grupo han sido señaladas repetidamente por permitir anuncios fraudulentos, campañas de desinformación o promociones claramente engañosas que circulaban durante meses sin apenas control. Sin embargo, cuando la publicidad sirve para alimentar demandas contra la propia empresa, la reacción parece ser bastante más rápida.
Todo ello vuelve a poner sobre la mesa una cuestión incómoda: el enorme poder que tienen plataformas como Meta para decidir qué contenidos y qué anuncios pueden circular en sus servicios. Cuando esa capacidad se utiliza para limitar campañas que buscan denunciar posibles abusos de la propia compañía, la discusión deja de ser únicamente sobre políticas publicitarias. Pasa a ser también sobre conflictos de interés y sobre hasta qué punto las plataformas pueden actuar como árbitros de un debate en el que ellas mismas son parte implicada.
 
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