Quienes me leen con cierta frecuencia no tendrán demasiadas dudas con respecto a mi opinión sobre Elon Musk. Suelo ser crítico con él, pero en este punto me circunscribo a sus acciones en relación con Tesla, SpaceX y Twitter, un espacio en el que, desgraciadamente, suele dar para bastantes menciones. Y ahora también lo voy a hacer, pero en esta ocasión desde la perspectiva de que, desde el pasado mes de enero, con el inicio del segundo mandato de Donald Trump. se ha convertido en una persona especialmente influyente en el gobierno federal de Estados Unidos.
Ese nuevo papel como figura próxima al poder no parece estar siendo desaprovechado. Según ha revelado recientemente el Wall Street Journal, Elon Musk estaría intentando bloquear, por la vía regulatoria, una función clave del iPhone: el sistema de emergencia vía satélite. Este servicio, que Apple estrenó con los iPhone 14 y que ha sido responsable de rescates en zonas sin cobertura, se apoya en la infraestructura de la operadora Globalstar, que trabaja en coordinación con Cupertino. Apple, de hecho, ha financiado una ampliación de esta red satelital, que ahora se encuentra en plena evaluación por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).
Es en ese contexto donde entra en escena SpaceX, a través de su filial Starlink. Musk ha solicitado a la FCC que deniegue la autorización a Globalstar para seguir desplegando su red, bajo el argumento de que su uso del espectro es ineficiente y que su presencia podría interferir con planes futuros de Starlink. La jugada, aparentemente técnica, tiene un fondo mucho más evidente: la función SOS del iPhone no pasa por los satélites de Starlink, y Musk no quiere facilitar su expansión sin un acuerdo directo con Apple. De hecho, fuentes citadas por el WSJ sugieren que SpaceX podría llegar a negar el acceso a su infraestructura terrestre si Globalstar sigue prestando servicio a los de Cupertino.
Esta disputa no es nueva en el ámbito empresarial —la competencia y el control de infraestructuras críticas siempre han generado tensiones—, pero sí resulta llamativa por el escenario en el que se desarrolla. En condiciones normales, el papel de la FCC sería evaluar las solicitudes técnicas y autorizar o denegar en base a criterios objetivos. Sin embargo, en un clima político en el que Musk ha ganado peso e interlocución directa con el entorno presidencial, la sospecha de un uso instrumental del poder regulatorio para favorecer intereses particulares es difícil de ignorar.

Lo que está en juego no es solo un servicio de Apple. Es, en realidad, la capacidad de una empresa de innovar en su ecosistema sin verse bloqueada por actores dominantes en otras capas de la infraestructura digital. Apple ha apostado por Globalstar, ha financiado su despliegue y ha convertido una función de nicho en un servicio que, potencialmente, puede salvar vidas. Que ahora esa apuesta pueda verse comprometida por presiones indirectas, disfrazadas de argumentos técnicos, plantea preguntas incómodas sobre el equilibrio de fuerzas en la industria tecnológica.
Y, claro, sobre el uso que ciertos empresarios hacen de su creciente poder político. Musk no es nuevo en esto: ya ha presionado a gobiernos, ha amenazado con retirar servicios y ha condicionado su actividad empresarial a decisiones políticas. Pero cuando esa presión se ejerce desde una posición de proximidad al Ejecutivo, el riesgo de que el interés privado suplante al criterio público es más real que nunca.
Personalmente, me cuesta no ver un paralelismo entre esta situación y otras dinámicas de captura regulatoria que hemos visto en el pasado. Si Apple logra seguir adelante con su expansión satelital, será —probablemente— por haber hecho los deberes y haber financiado el desarrollo necesario. Pero si no lo logra, y si el veto viene por una puerta trasera llamada Musk, estaremos ante un caso preocupante de cómo el poder económico puede volverse un poder político de facto. Y eso, más que de innovación, habla de otra cosa.
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