El argumento de la Comisión Europea se basa en la sostenibilidad, la reducción de costes y la posibilidad de actualizar la información de manera más eficiente. En teoría, un prospecto digital evitaría desperdicios innecesarios y permitiría a los pacientes acceder siempre a la versión más reciente. Sin embargo, esta visión no tiene en cuenta la realidad de una parte significativa de la población, que aún depende del papel para consultar información esencial sobre su salud.
La brecha digital sigue siendo un problema real. Aunque el acceso a internet ha mejorado en las últimas décadas, todavía hay un porcentaje importante de ciudadanos que carecen de las competencias digitales necesarias para realizar gestiones básicas en línea. Según estudios recientes, más del 40 % de los europeos no poseen habilidades digitales suficientes para desenvolverse con soltura en el entorno digital. Esto significa que millones de personas podrían quedarse sin acceso inmediato a información médica crucial porque la UE ha decidido prescindir del papel.
Eliminar los prospectos físicos sin una alternativa accesible supone un riesgo evidente para los colectivos más vulnerables. Las personas mayores, quienes sufren problemas de visión o aquellos que no utilizan dispositivos electrónicos con regularidad podrían enfrentarse a dificultades serias para leer las indicaciones de sus medicamentos. Esto podría derivar en errores en la administración de dosis, omisión de advertencias importantes o incluso la imposibilidad de identificar posibles efectos adversos.
Una transición forzada hacia lo digital no es la solución. La tecnología puede y debe utilizarse para mejorar el acceso a la información, pero sin olvidar que no todos los ciudadanos están en igualdad de condiciones para adoptarla. Mantener el prospecto en papel como opción mientras se fomenta el uso de herramientas digitales sería una alternativa más equilibrada. Además, sería necesario reforzar programas de alfabetización digital que permitan reducir la brecha tecnológica y garantizar que nadie quede excluido en el proceso.
La digitalización no debería convertirse en un factor de exclusión. Si realmente queremos que el acceso a la información sea más eficiente y sostenible, la clave no está en eliminar opciones, sino en ampliar las posibilidades para que cada persona elija la que mejor se adapte a sus necesidades. ¿Está la Unión Europea considerando realmente a toda la población en esta decisión, o estamos ante otro caso en el que la brecha digital se ignora hasta que ya es demasiado tarde?
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