En Estados Unidos, la frontera entre poder político y grandes corporaciones nunca ha sido completamente estanca, pero la presión pública ejercida esta semana por Donald Trump contra Netflix eleva esa tensión a un nuevo nivel. El presidente ha exigido que la plataforma despida de inmediato a Susan Rice, miembro de su consejo de administración, advirtiendo que, de no hacerlo, la compañía “pagará las consecuencias”. La amenaza, formulada en su red social Truth Social, no especifica medidas concretas, pero llega en un momento especialmente delicado para la empresa, lo que convierte el mensaje en algo más que una simple reacción airada ante unas declaraciones críticas.
El detonante fueron las palabras de Rice en el podcast Stay Tuned with Preet Bharara, donde cuestionó con dureza la deriva institucional del actual mandato y advirtió de que las corporaciones que “toman la rodilla” ante Trump podrían ser responsabilizadas si los demócratas regresan al poder. La respuesta presidencial fue inmediata y personal, calificándola de “racist” y “purely a political hack” y reclamando su salida del consejo de Netflix. Más allá del tono, lo relevante es el fondo: un presidente sugiriendo represalias contra una empresa privada por la presencia de una consejera que ha expresado opiniones políticas.
El contexto empresarial multiplica la gravedad del episodio. Netflix está intentando adquirir Warner Bros. Discovery, una operación que requiere la aprobación de la división antimonopolio del Departamento de Justicia. Aunque oficialmente la Casa Blanca sostiene que el presidente se mantiene neutral y que la evaluación corresponde a los reguladores, la advertencia pública introduce inevitablemente un elemento de presión política en una transacción que debería resolverse bajo criterios estrictamente técnicos y de competencia de mercado.
La operación no es menor. Warner incluye, entre otros activos, a CNN, una de las cadenas informativas que Trump ha atacado con mayor frecuencia durante años. La eventual absorción de Warner por parte de Netflix no implicaría la adquisición del canal informativo, pero, y aquí entra un punto clave, sí que forma parte de la operación de adquisición iniciada por Paramount Skydance —dirigida por David Ellison, hijo de Larry Ellison, aliado político de Trump.

En este clima, voces del ámbito cultural como la de Jane Fonda han criticado la injerencia presidencial. Fonda, que estuvo casada con Ted Turner, fundador de CNN, representa simbólicamente esa intersección entre industria del entretenimiento y esfera política que Trump ha convertido en uno de sus principales frentes discursivos. Su posicionamiento no altera la ecuación corporativa, pero sí refuerza la percepción de que el conflicto trasciende a una simple discrepancia puntual.
El problema de fondo no es que un presidente critique a una consejera privada, algo que entra dentro del juego político habitual. Lo preocupante es la insinuación de “consecuencias” en un momento en el que esa misma empresa necesita el visto bueno del aparato regulatorio federal para cerrar una operación multimillonaria. Aunque no exista una orden directa ni una instrucción formal, la mera sugerencia pública puede interpretarse como una señal a los reguladores o como un intento de condicionar el clima en el que se evaluará la transacción.
Este episodio vuelve a poner sobre la mesa una cuestión estructural: hasta qué punto el poder ejecutivo puede —o debe— intervenir discursivamente en movimientos empresariales que afectan al equilibrio mediático del país. Si las decisiones regulatorias empiezan a percibirse como extensiones de disputas políticas, la confianza en la neutralidad institucional se resiente. Y cuando eso ocurre, no solo está en juego una adquisición concreta, sino la separación entre poder político, mercado y libertad empresarial que sostiene el sistema.
 
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