Instagram ha convertido en costumbre lo que para otras plataformas aún es debate: su presencia constante en la vida de menores de edad. Cada decisión que toma respecto a esta audiencia parece encaminarse más hacia el marketing que hacia la protección. El último ejemplo es la inclusión de la etiqueta “PG-13” para definir el tipo de contenido que reciben las cuentas adolescentes. Puede parecer una simple metáfora, una forma de explicarse mejor ante padres y educadores. Pero cuando se rasca en la superficie, lo que emerge es algo mucho más complejo —y problemático—.
La Motion Picture Association (MPA), encargada de la clasificación por edades en el cine estadounidense, ha enviado una carta de cese y desistimiento a Instagram por el uso no autorizado del término “PG-13”. La red social comenzó a aplicarlo recientemente para describir las restricciones de contenido que impone en perfiles de menores: menos violencia explícita, menos lenguaje fuerte, menor exposición a temáticas de riesgo. Según la MPA, sin embargo, esta referencia induce a error al asociarse con un sistema de clasificación formal que responde a criterios muy distintos, evaluados por comités humanos y no por algoritmos.
Instagram ha respondido que su uso del término no pretende replicar el sistema de calificación cinematográfica, sino ofrecer una referencia cultural comprensible. Alega que no está presentando contenido como aprobado por la MPA y que el término entra dentro del “uso justo” o “fair use”. Bajo ese paraguas argumental, considera legítimo utilizar una etiqueta reconocible para ilustrar qué tipo de contenido se filtra en sus cuentas juveniles. La cuestión es que esa etiqueta no es neutra ni inocente, y su uso refuerza una narrativa cuidadosamente construida: la de una plataforma segura, regulada y adaptada al consumo adolescente.
Pero esa narrativa no se sostiene del todo. PG-13 no es solo una etiqueta: es un sistema con reglas, contexto y un proceso deliberativo detrás. Aplicarlo a un entorno algorítmico y opaco como el de Instagram, donde la moderación es en buena parte automatizada, supone trasladar un marco de confianza sin replicar sus garantías. Además, emplear esta etiqueta de forma unidireccional —sin supervisión externa ni mecanismos de verificación independientes— puede generar una falsa sensación de seguridad en padres o educadores que confíen en el término sin entender su alcance real.

Lo más llamativo, sin embargo, no es la disputa legal, sino el marco más amplio en el que se inscribe. No es ningún secreto que la propia Meta ha manejado durante años informes internos que acreditan los efectos nocivos de Instagram sobre menores de edad: problemas de salud mental, distorsión de la autoimagen, dependencia del reconocimiento social, entre otros. Pese a ello, la compañía continúa diseñando su estrategia para atraer a esta franja de edad, ya sea con filtros, experiencias adaptadas o funciones supuestamente seguras. El uso de “PG-13” encaja perfectamente en ese esfuerzo por hacer digerible lo que no lo es.
Instagram ha insistido durante años en convertirse en la red social “más segura” para adolescentes. Pero esa insistencia, en lugar de disipar dudas, las alimenta. No estamos ante un intento de alejar a los menores de los riesgos del entorno digital, sino ante una operación para integrarlos cuanto antes en un espacio donde los datos fluyen y la atención se monetiza. La etiqueta PG-13 no es un descuido. Es parte de una estrategia coherente que, paradójicamente, se apoya en una clasificación pensada para otro medio y otro tiempo.
No hace falta ser padre para preocuparse por esto. Como observador del mundo digital, me inquieta que detalles aparentemente inofensivos escondan una lógica tan calculada. Una etiqueta no cambia la realidad de una plataforma, pero sí puede cambiar la percepción que tenemos de ella. Y cuando hablamos de menores, ese cambio de percepción tiene consecuencias.
 
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