La inteligencia artificial ha dejado de ser solo un concepto futurista para convertirse en una realidad que transforma todos los ámbitos de la sociedad. Su evolución estos últimos años ha sido vertiginosa, y con ella han surgido debates sobre los límites que deben establecerse para garantizar su uso responsable. En este contexto, Europa ha dado un paso decisivo con una regulación aprobada en marzo del año pasado, que entra en vigor hoy y que marcará el futuro del desarrollo y la implementación de la IA en el continente.
Este domingo, 2 de febrero de 2025, comienza a aplicarse una parte clave del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, una normativa que impone restricciones a determinados sistemas de IA y establece sanciones severas para quienes no cumplan con los nuevos requisitos. Entre las medidas que ya son de obligado cumplimiento se encuentra la prohibición de sistemas de IA considerados de riesgo inadmisible, es decir, aquellos que vulneren derechos fundamentales, atenten contra la privacidad o representen una amenaza significativa para la seguridad de los ciudadanos. Las empresas que mantengan en funcionamiento estos sistemas podrán enfrentarse a multas de hasta 35 millones de euros o el 7% de su facturación anual.
La regulación europea establece una clasificación de los sistemas de IA en función del nivel de riesgo que representan:

Riesgo inadmisible: Sistemas prohibidos que representan una amenaza para la seguridad o los derechos fundamentales.
Riesgo alto: Sistemas que requieren estrictas obligaciones de cumplimiento debido a su potencial impacto significativo.
Riesgo limitado: Sistemas que deben cumplir con requisitos específicos de transparencia.
Riesgo mínimo o nulo: Sistemas que no requieren obligaciones adicionales.

Aunque en la cúspide de esta jerarquía se encuentran los sistemas de riesgo inadmisible, que están prohibidos por suponer una amenaza para la seguridad o los derechos fundamentales, los sistemas de alto riesgo son los que requieren una regulación más estricta, ya que, aunque legales, pueden tener un impacto significativo en la sociedad. Estos incluyen la evaluación de conformidad, que garantiza que la IA utilizada en sectores críticos, como sanidad, transporte o justicia, cumpla con estándares de transparencia, supervisión humana y ciberseguridad. Además, los proveedores están obligados a documentar el funcionamiento de estos sistemas y registrar su uso en una base de datos pública para garantizar su trazabilidad.
Uno de los puntos clave del reglamento es la protección de los derechos de los ciudadanos en su interacción con la inteligencia artificial. Cuando una decisión automatizada pueda afectar a un individuo, este tendrá derecho a ser informado sobre el uso de IA en el proceso y a solicitar explicaciones sobre la base de dicha decisión. Esto se traduce en mayor transparencia, especialmente en áreas sensibles como la contratación laboral, la concesión de créditos o la administración pública. Además, se regulan de manera estricta los sistemas de identificación biométrica remota, que solo podrán emplearse en situaciones muy concretas y bajo condiciones de supervisión rigurosa.
Las obligaciones no recaen únicamente sobre los desarrolladores de inteligencia artificial, sino que también afectan a otros operadores dentro de la cadena de valor de la IA. Los distribuidores e importadores deben verificar que los sistemas que comercializan cumplen con la normativa, y los responsables del despliegue de estos sistemas en empresas u organismos públicos deben garantizar que se usan de acuerdo con las instrucciones del proveedor. Para reforzar este marco, cada Estado miembro deberá designar una autoridad encargada de la supervisión y vigilancia del mercado, en el caso de España, esta labor recaerá en la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial.

Para fomentar la innovación sin comprometer la seguridad, el reglamento también introduce la creación de sandboxes, espacios controlados de pruebas. Estos entornos permiten a las empresas testar sistemas de IA de alto riesgo en condiciones reales, pero con una monitorización estricta para evaluar su impacto y mitigar posibles riesgos antes de su lanzamiento al mercado. Se espera que estos espacios faciliten la adopción de IA en sectores estratégicos sin incurrir en problemas legales ni riesgos descontrolados.
El avance de la inteligencia artificial es imparable, y con él, la necesidad de equilibrar sus beneficios con un marco regulatorio que garantice su uso responsable. Con la entrada en vigor de estas primeras medidas, Europa sienta un precedente en la supervisión de la IA, apostando por una combinación de innovación y seguridad. Queda por ver cómo afectará esta normativa al desarrollo del sector y si otros países seguirán este camino para definir el futuro de la IA en un contexto global.
 
Más información
La entrada El Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE entra en vigor se publicó primero en MuyComputer.