Meta, propietaria de Facebook e Instagram, acaba de sufrir un nuevo revés judicial en Estados Unidos. Una jueza federal ha rechazado archivar la demanda presentada por 29 estados, que acusan a la compañía de diseñar deliberadamente mecanismos destinados a fomentar un uso compulsivo entre menores y de ocultar al público los riesgos asociados a sus plataformas. La decisión no convierte a Meta en culpable judicialmente hablando, pero sí deja algo muy claro: las acusaciones tienen suficiente base como para que sea un jurado quien decida sobre ellas. Y eso, por sí solo, ya dice mucho.
La resolución judicial supone un nuevo golpe para la estrategia de defensa de Meta. La jueza Yvonne Gonzalez Rogers ha rechazado desestimar las principales reclamaciones de los estados, relacionadas con prácticas engañosas, competencia desleal y posibles vulneraciones de la legislación estadounidense de protección de la privacidad infantil (COPPA). Es más, en este último punto ha dado la razón a los demandantes al considerar que la compañía no cumplió adecuadamente con las obligaciones de información y consentimiento parental previstas por la ley.
Como era de esperar, Meta mantiene su línea habitual de defensa. La empresa sostiene que la llamada «adicción a las redes sociales» no constituye un trastorno psiquiátrico reconocido y niega haber diseñado Facebook e Instagram para provocar un uso compulsivo. También insiste en que sus plataformas están dirigidas a un público general y subraya su supuesto compromiso con la protección de los menores.
El problema es que ese discurso resulta cada vez menos convincente cuando se analiza el contexto. Desde hace años conocemos, gracias a los Facebook Papers, que la propia Meta disponía de investigaciones internas que alertaban del impacto negativo que Instagram podía tener sobre los adolescentes, especialmente en aspectos relacionados con la autoestima, la imagen corporal y la salud mental. Aquellas revelaciones supusieron un punto de inflexión porque demostraron que el debate ya no giraba únicamente alrededor de opiniones o sospechas: existían documentos internos que mostraban que la compañía conocía determinados riesgos mientras públicamente proyectaba un mensaje mucho más tranquilizador.

Este nuevo procedimiento tampoco puede entenderse como un caso aislado. Meta acumula miles de demandas presentadas por familias, distritos escolares, administraciones públicas y distintos estados de Estados Unidos. Todas ellas parten de una idea común: que Facebook e Instagram no son simplemente herramientas de comunicación, sino productos diseñados para maximizar el tiempo de permanencia y la interacción mediante mecanismos como el desplazamiento infinito, las notificaciones constantes, las recompensas variables o unos algoritmos capaces de aprender qué mantiene al usuario conectado durante más tiempo. Que esas mismas dinámicas puedan afectar especialmente a menores es precisamente una de las cuestiones que los tribunales deberán valorar.
Y aquí es donde, en mi opinión, deja de tener sentido hablar únicamente de «uso responsable». Por supuesto que las familias desempeñan un papel esencial en la educación digital de los menores. Pero esa realidad no puede utilizarse como coartada para eximir de responsabilidad a empresas cuyo modelo de negocio depende, precisamente, de captar y retener la atención del usuario durante el mayor tiempo posible. Cuando una plataforma obtiene beneficios directos de aumentar el tiempo de uso, resulta legítimo preguntarse hasta dónde está dispuesta a llegar para conseguirlo y qué peso tienen realmente las consideraciones éticas frente a los objetivos comerciales.
Durante demasiado tiempo, buena parte del debate se ha centrado en culpar exclusivamente a los usuarios o a los padres. Sin embargo, esa visión ignora un elemento fundamental: las plataformas digitales no son productos neutrales. Cada notificación, cada recomendación, cada vídeo sugerido y cada desplazamiento infinito forman parte de decisiones de diseño cuidadosamente estudiadas para mantener al usuario conectado. Negar esa realidad a estas alturas resulta difícil cuando incluso los documentos internos conocidos durante los últimos años apuntan en esa dirección.
El juicio previsto para agosto no resolverá por sí solo un problema que afecta a toda la industria tecnológica. Pero sí puede marcar un antes y un después. Porque la cuestión ya no consiste únicamente en determinar si Meta incumplió determinadas leyes. La pregunta de fondo es mucho más incómoda: si una empresa sabe que determinados mecanismos de diseño pueden perjudicar a menores y, aun así, decide seguir utilizándolos porque incrementan el tiempo de permanencia y, con ello, sus ingresos, ¿hasta qué punto puede seguir escudándose en que la responsabilidad pertenece únicamente a quien utiliza la plataforma? Esa es la pregunta que Meta lleva años intentando evitar. Y cada nueva resolución judicial hace más difícil seguir mirando hacia otro lado.
 
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